El director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alfonso Miranda Eyzaguirre afirmó que el Estado, a través del Ministerio de la Producción (PRODUCE), demostró no tener un verdadero compromiso en la promoción de la acuicultura en nuestro país, tras no debatirse la Ley de Promoción de Acuicultura en el Congreso de la República en la legislatura que concluyó recientemente.
Manifestó que el sector podría haber sido un gran factor para la erradicación de la pobreza, especialmente de muchos campesinos que podrían complementar su actividad con la acuicultura rural.
“Hemos visto que, desde la semana pasada, se había priorizado el debate para la aprobación de la Ley de Promoción de la Acuicultura, pero se ha preferido tocar otros temas, dejando de lado el tema de la acuicultura. Los congresistas se han visto sorprendidos que no participara virtual ni presencialmente el propio ministro de la Producción, delegando esa responsabilidad a funcionarios de Produce con muy buena intención, pero de menor jerarquía. Ahí están los resultados”, criticó el dirigente gremial.
Recordó que, en 2015, el Estado declaró a la acuicultura como una actividad de “interés nacional” y la reconocía por su gran potencial, como uno de los nuevos “motores de la economía”, para contribuir al desarrollo del país.
El directivo pesquero informó que el aporte de la acuicultura en los países que la han desarrollado iguala y en muchos casos, supera al de la pesca tradicional, contribuyendo así a la generación de empleo inclusivo de manera descentralizada, produciendo alimentos de alto contenido proteico, y cuando se exporta, la generación de importantes ingresos de divisas.
Sin embargo, manifestó que, en nuestro país, la acuicultura se ubica en el quinto lugar en Sudamérica, y con grandes posibilidades en terminar en el último en nuestra región a pesar de tener 3,000 kilómetros de litoral, así como ríos, lagos y lagunas en la sierra y selva altamente productivos, precisó.
Agregó que los gremios empresariales involucrados en el sector han hecho un esfuerzo a fin de desarrollar la actividad acuícola en todo el territorio nacional, a pesar de las trabas burocráticas existentes.
Consecuencias económicas
De otra parte, Miranda Eyzaguirre advirtió que la desatención del Estado a la acuicultura traería como consecuencia la imposibilidad de crear unos 200 mil empleos directos y un millón de puestos indirectos. “También se perdió la gran oportunidad de otorgar seguridad alimentaria a nuestro país que tampoco está en la agenda del Estado”, afirmó.
En ese sentido, puso como ejemplos a Chile y Ecuador, cuyos gobiernos apoyan decididamente al sector acuícola. Mientras Chile exporta anualmente productos acuícolas por un valor que sobrepasa los US$5,000 millones, las ventas al exterior de Ecuador, llegan a los US$2,500 millones por año. En el Perú, las exportaciones acuícolas llegaron a los US$300 millones en el 2019 que fue su mejor año. “No basta con hacer declaraciones de buena intención”, agregó.
Miranda Eyzaguirre expresó su confianza en que el nuevo Poder Ejecutivo tenga un compromiso profundo con el sector. “El Perú tiene grandes ventajas comparativas para su desarrollo, al contar con extraordinarios escenarios propicios para su desarrollo en costa sierra y Amazonía. Nuestro país requiere con urgencia de una Ley de Promoción a la Acuicultura, que permita atraer la formalización del sector, así como, permitir el crecimiento y desarrollo de lo ya avanzado con nuevas inversiones.”, sentenció.