El desarrollo territorial en regiones es clave para acabar con la conflictividad social

Entrevista: Paúl Caso Monzón

Magíster en información económica UCM

La compleja situación política, económica y social que atraviesa el país y su espiral de violencia, caos y destrucción de la infraestructura, tanto pública como privada, genera enorme preocupación en la industria minera, uno de los sectores más afectados por las protestas sociales desatadas en diferentes ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional.

Con 35 años de trayectoria en el sector, el Ing. Luis Rivera, Executive VP para las Américas de Gold Fields, pastpresident del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), brinda una entrevista a partir de su experiencia y conocimiento de la minería peruana y plantea algunas propuestas que contribuyan a acabar con este ambiente de conflictividad que tanto daño genera entre los propios peruanos.

¿Cuál es la dimensión del daño en el sector minero provocado por las protestas sociales?

En primer lugar, lamentamos estos episodios de violencia que han enlutado a decenas de familias. En el caos perdemos todos y esperamos que las autoridades tomen decisiones, pensando en el bienestar de los ciudadanos. En lo que respecta a la minería, los bloqueos en el Sur han puesto en riesgo el 30% de la producción nacional de cobre, que es el principal producto de exportación del país. A su vez, más de 30,000 trabajadores han tenido que ser evacuados de los campamentos mineros. Y los más perjudicados con esta situación son las poblaciones. En el caso de Las Bambas, Apurímac deja de recibir más de S/ 5.2 millones diarios, entre servicios de hoteles, restaurantes, transporte, comercio interno, etc, además recordemos que por cada tonelada de metal que Las Bambas deja de vender, el estado, el país, todos, perdemos alrededor del 50% del margen que deja esa venta y deberían quedar en el país como canon y regalías y otros aportes. Son cientos de millones de dólares que el país deja de recibir y que deberían irse a carreteras, hospitales, colegios, etc.

¿El país ha perdido imagen y credibilidad en el exterior?

Lamentablemente si. Además de la conflictividad, afrontamos una crisis política. Hemos tenido seis presidentes en cuatro años. Ello resta predictibilidad y afecta nuestra gestión pública, generando un clima de inestabilidad y desconfianza para las inversiones. En el ranking del Fraser Institute, caímos 28 posiciones entre 2018 y 2021, ubicándonos en el puesto 42 de 84 jurisdicciones. Y no creo que nos vaya muy bien en los resultados de 2022. En el Índice de Competitividad Minera del IIMP, el Perú se ubicó en la última posición; y recientemente, la calificadora de riesgo Moody’s redujo de estable a negativa la perspectiva sobre el Perú, tanto en moneda local como extranjera. Tenemos que sumar esfuerzos para revertir esta situación.  

Y ahora, las casas de calificación de riesgos están poniendo la deuda peruana con tendencia negativa, esto se podría trasladar más adelante en menores ingresos de inversión y seguramente mayores intereses en los préstamos bancarios a las empresas peruanas.

¿Ahora será muy complejo generar confianza entre los inversionistas?

Es complejo, pero debemos de trabajar para ello. Tenemos que rescatar las bondades de un modelo económico, donde la minería ha jugado un rol importante, y que en los últimos 30 años nos ha permitido un continuo crecimiento que se traduce en oportunidades de empleo, mejores ingresos, disminución de la pobreza, etc. Pero debemos atender esas barreras que han impedido que este crecimiento alcance a todos y se refleje en mejores servicios públicos en salud, educación, carreteras, electrificación, agua potable, etc. Definamos nuestro norte como país, prioricemos las necesidades urgentes de los peruanos y trabajemos de manera conjunta y sin corrupción. Demos seguridad para recuperar el flujo de inversiones, que son fuentes de trabajo y desarrollo para el país.       

¿Y el perjuicio a nuestra economía es enorme?

Los altos precios de los commodities que exporta el Perú, sumado a la importante cartera de inversiones en sectores claves como la minería, hacía esperar un mejor escenario para el 2022; sin embargo, las proyecciones fueron actualizadas a la baja. Y de una estimación superior al 4%, se estima un cierre de 2.2% en crecimiento. En inversiones privadas, el crecimiento es casi nulo y se estima que retroceda en el 2023. En tanto, la inflación ha alcanzado cifras récord de 8.6% y la informalidad laboral supera el 76%. Estos resultados pueden revertirse si aprovechamos nuestras oportunidades, la minería es una de ellas, y generamos estabilidad. Sin inversiones no hay empleo.  

¿Qué propone para atenuar la conflictividad social?

Desde la industria minera se propone trabajar con un enfoque de desarrollo territorial en las regiones, provincias y distritos del Perú. Necesitamos construir un entorno social basado en las oportunidades -y la minería es una de ellas- donde la dinámica productiva y las inversiones juegan roles importantes para generar cadenas productivas, empleo y recursos para construir la infraestructura que necesita la población. Tenemos experiencias exitosas que demuestran que, donde hay una actividad productiva intensiva, los índices de bienestar son mejores. Pero necesitamos mayor sinergia e involucramiento de todos los niveles de gobierno para que este modelo de trabajo potencie sus beneficios y alcances.     

¿Cómo dar un buen uso al canon minero que contribuya al cierre de brechas sociales?

Hay ahí un tema que abordar y que lamentablemente viene siendo postergado. El 2022, las transferencias a las regiones por canon y regalías han superado los S/ 11,000 millones y estos recursos no pueden ni deben ser desaprovechados. Gran responsabilidad en ello, van a tener los gobernadores y alcaldes que han asumido funciones este año y que deben saber priorizar, a través de alianzas y trabajo conjunto con la sociedad civil organizada, cuáles son los proyectos que necesita la población. Cajamarca, por ejemplo, ha recibido cerca de S/358 millones este año. Ello equivale a cinco veces el valor del nuevo Hospital Santa María de Cutervo, que beneficia a 140,000 personas. Aprovechemos esta oportunidad.

¿Qué temas de gestión institucional sugiere en la agenda del nuevo presidente de la SNMPE?

En esta coyuntura, va a ser necesario potenciar el diálogo con las autoridades. Desde la industria minera, siempre ha existido compromiso para contribuir con las autoridades en el desarrollo del país a través de recursos económicos, conocimiento técnico, capacidad logística, entre otros aspectos. Esperamos que este panorama político encuentre un rumbo de estabilidad para recuperar el tiempo perdido y trabajar de manera coordinada. Y ello implica, desde luego, involucrar a las comunidades. La minería es una gran oportunidad para construir un mejor entorno social para todos.