Al menos 60 organizaciones sociales de pescadores artesanales y varias empresas pesqueras nacionales e internacionales manifestaron su oposición al proyecto de ley N°5496/2022-CR a través de comunicaciones oficiales enviadas tanto al Ministerio de la Producción (Produce), como al Congreso de la República.
Todas coinciden en que el proyecto de ley debe ser archivado porque carece de validez técnica, legal y ética. Hasta el momento, el PRODUCE no se ha manifestado públicamente sobre el proyecto de ley.
Sin embargo, a través de dos oficios enviados el pasado 5 de septiembre al presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República y el 2 de octubre a la Asociación de Armadores Artesanales de Consumo Humano Directo de Paita (AAARCUDIPA), da muestra de un doble discurso. Por un lado, señala que la ley es viable con observaciones y, por otro, que la propuesta resulta inaplicable a la fecha.
Lejos de cumplir con su papel como ente técnico responsable de ofrecer una opinión especializada para la toma de decisiones, Produce parece desconocer cómo nació el proceso de formalización de embarcaciones y su marco legal, con un único objetivo: apaciguar a los gremios de pescadores artesanales.
Diversos gremios del sector solicitaron al presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República el archivo del Proyecto de Ley N°5496/2022-CR considerando que permitiría la formalización de más de dos mil embarcaciones pesqueras ilegales y que pondría en riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros de pota y perico y la actividad artesanal.
Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal), explica las razones por las cuales ciertas embarcaciones no lograron formalizarse: su existencia no fue verificada, en unos casos; y, en otros, no se realizó el trámite dentro del plazo legal, julio 2023.
Añade, también, que desde 2015 rige en Perú la prohibición de construir embarcaciones artesanales y que tanto la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) como Produce tenían claro que la flota artesanal existente para el proceso de formalización ascendía a 2490 embarcaciones; por lo tanto, si no lograron acreditar su existencia, significa que son embarcaciones ilegales, construidas recientemente.
Por su parte, Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, afirma que el proyecto de ley resulta inviable porque lo único que estaría logrando es formalizar embarcaciones que se construyeron de manera ilegal desde el año 2018. Además, pide tener en cuenta que los recursos perico y pota fueron declarados “plenamente explotados” por el Instituto del Mar del Perú, en 2021.
En tanto, Eduardo Ferreyros, presidente del Directorio de la SNP, asegura que el ingreso de nuevas embarcaciones es inadmisible. Enfatiza que actualmente en esta pesquería ya participa una flota artesanal y de menor escala sobredimensionada.
La poca seriedad del Produce al mantener dos narrativas diferentes que únicamente han logrado confundir al sector, motivó a que Sonapescal enviara un pedido al Produce a fin reevaluar la opinión emitida al Congreso de la República y finalmente clarificar su posición con respecto al Proyecto de Ley, comenta Vega.
Esta propuesta de normativa ha levantado alarmas no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que a estas comunicaciones se sumaron, en los últimos días, las cartas de empresas miembro de las mesas globales sectoriales del calamar y del perico, que reúnen a más de 29 importadores y distribuidores norteamericanos y europeos.
Los representantes de las mesas sectoriales, Stefano Pagliani, director de compras de Panapesca USA y Manuel García, vicepresidente de Pacific Coral Seafood, alertaron a las autoridades sobre el impacto que la aprobación de este proyecto de ley puede tener en la reputación del país en los mercados internacionales de pesca.