La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión reportó que en Perú se han suscrito un total de 1071 convenios de estabilidad jurídica, entre 1993 y el primer semestre de 2024, con inversionistas nacionales y extranjeros, los cuales significaron compromisos por US$ 32 mil millones.
El resultado responde a la estrategia del país para atraer inversiones privadas con un marco general y regímenes que facilitan el ingreso de capitales en proyectos público – privados e inversión privada a través de convenios de estabilidad jurídica. Con ello, desde la puesta en práctica de este instrumento (1993), inversionistas de 50 países suscribieron convenios de estabilidad jurídica con Perú (incluye empresas nacionales), Chile, España, Estados Unidos, Colombia, entre otros.
Algunos de los inversores son MMG Netherlands B.V, de Países Bajos, (US$ 3250 millones), Exolum Aviation S.A., de España, (US$ 28 millones en la construcción del nuevo sistema de combustible del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez), Cosco Shipping Ports Limited, de China, en el Terminal Portuario Chancay; y Celeo Redes S.L., de España, por inversiones para la construcción de la Línea de Transmisión 138kV Puerto Maldonado – Iberia.
Solo entre enero de 2023 y junio de 2024, se suscribieron ocho convenios de estabilidad jurídica por más de US$ 3000 millones.
Los convenios de estabilidad jurídica son instrumentos promotores de inversión que se materializan a través de la suscripción de contratos firmados con el Estado Peruano, estabilizando las garantías aplicables a los inversionistas o las empresas receptoras por un periodo de vigencia.
Tienen calidad de contratos con fuerza de ley, de naturaleza civil y no administrativa y se pueden dejar sin efecto por acuerdo de las partes. De esta manera, se reduce el riesgo que genera la incertidumbre de desarrollar proyectos a largo plazo, mejora las condiciones de financiamiento y da mayor predictibilidad a los inversionistas.
Proinversión se encarga de firmar los convenios con inversionistas extranjeros y cuando se trata de inversionistas nacionales o empresas receptoras de inversión se incluye también al ministerio (al que pertenece el proyecto).