El contralor general César Aguilar Surichaqui expuso esta mañana ante el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Juan Burgos, sobre la situación presupuestaria y administrativa de la institución, incidiendo en la falta de recursos económicos para asegurar el pago a trabajadores que ingresaron en la anterior gestión.
Al respecto, el contralor general comentó sobre el punto crítico de la administración contralora, donde se halló presunta irregularidad por la convocatoria del último concurso público de méritos llevado a cabo por la anterior gestión, que se realizó sin certificación de crédito presupuestario.
César Aguilar señaló que un informe de control evidenció que más de 2000 trabajadores fueron incorporados en el último concurso público de la anterior gestión sin contar con los recursos financieros. Por tal motivo, añadió, se identificó presunta responsabilidad administrativa en funcionarios públicos.
El titular del órgano fiscalizador superior remarcó que no hay presupuesto para pagar al personal que ingresó en la anterior gestión con contratos determinados; es decir, que tienen fecha de expiración. “No retiramos a nadie de manera ilegal”, subrayó.
“Estamos haciendo todo lo que podemos para conseguir el presupuesto, para que los servicios de control no se vean afectados con la desvinculación de los trabajadores, pero hay que dejar las cosas en claro, esos contratos eran a plazo determinado, no a plazo indeterminado”, acotó.
Asimismo, el contralor general precisó que el 45% de los servicios de control realizados en la anterior gestión no generó un valor agregado porque no tuvo retorno social, por lo tanto, no cumplió con su objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Ahora priorizamos calidad en lugar de cantidad”, resaltó.
“Cuando ejecuto presupuesto público en los servicios de control tengo que generar algún retorno y no necesariamente se trata de determinar responsabilidades, sino también contribuir al desarrollo social”, añadió.