Arequipa: Luces y sombras de una región que busca mayor progreso

Por Paul Caso Monzón, máster en Información Económica

Gerente del IPE, Diego Macera, pone bajo la lupa los avances y retrocesos en materia de competitividad regional

Arequipa, la muy noble y leal “Ciudad Blanca” del Perú, celebra su 481 aniversario de fundación española, una fecha que llena de orgullo a los arequipeños de bien que trabajan por el engrandecimiento de la ciudad, a pesar de los estragos que ha provocado la crisis sanitaria en la economía local; así como la incertidumbre y confrontación política en el país que frenan una recuperación más sólida.

El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, en amplia entrevista, evalúa lo bueno y malo de la región en función a su posición en el Índice de Competitividad Regional (INCORE 2021), estudio que analiza los avances en materia de desarrollo económico y social para una mejor adopción de políticas públicas por parte de las autoridades que en su mayoría demuestran enorme falta de liderazgo y visión de futuro en su accionar.

Diego Macera, gerente general IPE

¿Arequipa es una región competitiva?

En el INCORE 2021, Arequipa se ubica como la cuarta región más competitiva del país, solo después de Lima Metropolitana, Moquegua y Tacna. Aunque retrocedió una posición respecto a la edición pasada –del puesto 3 al 4–, se mantiene dentro del top 5 de las 25 regiones en materia de competitividad por noveno año consecutivo.

¿Cuáles son las mayores fortalezas regionales?

Arequipa destaca por su desempeño en el pilar Salud (puesto 2). En particular, la región posee la mayor cobertura de personal médico en el país (45.3 médicos por cada 10 mil habitantes) y la segunda mayor tasa de partos institucionales (99.1%). Asimismo, se mantiene como la quinta región con menor desnutrición crónica en niños menores a 5 años (6.0%).

Otras fortalezas se encuentran en los pilares de Educación, Infraestructura y Laboral. Arequipa, por lo demás, presenta una estructura productiva diversificada.

¿Y sus debilidades en materia de competitividad?

La principal debilidad de Arequipa en materia de competitividad corresponde al pilar de Instituciones, en el cual la región se encuentra en la última posición entre las 25 regiones del país, al ubicarse en el tercio inferior en cuatro de los siete indicadores comprendidos en el pilar.

Por un lado, la región presenta problema de seguridad ciudadana. Así, registra la mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, con el 89.6% de su población mayor a 15 años que considera que su zona o barrio es inseguro. En la misma línea, la región presenta la tercera mayor tasa de denuncias de delitos en el país, con 14.4 denuncias reportadas por cada 1,000 habitantes.

En tanto, el bajo resultado de la región en el pilar también se explica por el desempeño de la gestión pública. Al respecto, solo el 9.8% de la población adulta considera que la gestión del Gobierno Regional es bueno o muy buena, lo cual representa la segunda tasa de aprobación más baja del país. La región se ha mantenido en el tercio inferior de este pilar durante las nueve ediciones del INCORE.

¿Es evidente la ausencia de liderazgo de sus autoridades locales?

En las últimas seis ediciones del INCORE, Arequipa se ha ubicado en la mitad inferior en el indicador de ejecución de la inversión pública, con una ejecución promedio de 59% en el periodo 2015-2020. Más aún, el año pasado la ejecución de la inversión pública solo alcanzó el 53% de su presupuesto, lo que significa que se dejó de ejecutar alrededor de S/ 1,300 millones.

Por otro lado, la región se ubica, por segundo año consecutivo, como la segunda con el peor resultado en el indicador de percepción de la gestión pública regional del INCORE. Esto debido a que solo 1 de cada 10 arequipeños considera que la gestión del Gobierno Regional es buena o muy buena.

¿Una realidad que limita las posibilidades de mayor progreso en la ciudad severamente afectada por la pandemia?

Entre los diversos efectos de la pandemia, resalta el impacto generado sobre el mercado laboral a nivel nacional y en la región. En 2020, la población ocupada de la región disminuyó en 22%, lo que equivale 250 mil personas que dejaron de trabajar.

Además, se registra un notable deterioro en la calidad del empleo. Los trabajadores han migrado hacia puestos de trabajo más precarios y que proveen menores ingresos. Así, el porcentaje de la población adecuadamente empleada en la región ha disminuido de 69% en 2019 a 56% en 2020.

Según actividades económicas, se observa que un incremento sustancial de los trabajadores que se desempeñan en el agro informal (17%), sector que se caracteriza por presentar una baja productividad laboral y en el que el uno de cada cinco trabajadores se emplea bajo la categoría de trabajadores familiares no remunerado.

Si bien Arequipa se mantiene como la segunda región con la mayor tasa de empleo adecuado, el deterioro del tejido laboral en la región podría reducir la productividad y limitar el crecimiento económico necesario para el desarrollo de la región.

¿En general, es satisfactorio o no el avance económico y social de la región alcanzado en la última década?

En general, Arequipa se caracteriza por ubicarse de manera consistente entre las regiones más competitivas del país en el INCORE, lo cual se encuentra estrechamente vinculado con el desarrollo económico y social de la región.

¿Qué otras condiciones se requieren para mejorar la calidad de vida de la población arequipeña?

La competitividad de una región está directamente vinculada con la calidad de vida de la población. Por un lado, una región competitiva cuenta con las instituciones y factores necesarios para poder ser más productiva y lograr un mayor crecimiento económico en el media y largo plazo. Esto se traduce en una menor pobreza y mejores condiciones de vida.

Por otro lado, la mejora en los diferentes pilares de la competitividad tiene un efecto directo sobre la calidad de vida de la población. Por ejemplo, según el Banco Mundial, la adecuada provisión de servicios de salud y educación es uno de los factores más importantes para reducir la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades. Asimismo, contar con una infraestructura adecuada permite que las personas puedan acceder a una mejor salud, educación y otros servicios, tan público como privados. Al respecto, el INCORE muestra que 1 de cada 5 hogares de Arequipa no cuentan con acceso a los tres servicios básicos de electricidad, agua y saneamiento.

Hay dos cosas fundamentales. Primero, que las autoridades y funcionarios de los gobiernos regionales y locales cuenten con las capacidades necesarias para gestionar adecuadamente los recursos con los que cuentan y, así, contribuir con el desarrollo económico y social de la región. Y, segundo y quizá aún más importante, tener un ambiente propicio para la inversión privada -grande y chica- y la creación de valor.

¿Es conveniente o limitante que el desarrollo de la economía local sea tan dependiente de la actividad minera?

El desarrollo de la actividad minera en la región no solo aporta de manera sustancial al crecimiento de la economía y a la generación de recursos fiscales, sino que, debido a sus encadenamientos productivos con otros sectores de los cuales demanda recursos, contribuye de manera importante a la modernización de la economía de la región. Por ejemplo, el IPE estima que la minería representó en 2015 un tercio de las ventas del sector metalmecánico nacional, que provee de piezas de maquinaria industrial necesarias para la producción minera.

Además, usando los datos de la Tabla Insumo Producto (TIP) del INEI, el IPE estima que, por cada empleo directo en el sector minero, se generan otros 8 empleos en otros sectores como transporte, manufactura, servicios, entre otros. En este sentido, hacia adelante, el reto consiste en seguir profundizando la integración de la minería con el resto de la economía, mediante el fortalecimiento de proveedores locales.

¿Qué impacto tendría la cancelación de Tía María, si es que el Gobierno no hace realidad este proyecto en beneficio de otras cadenas productivas?

La cancelación del proyecto Tía María significa que se deja de invertir US$ 1,400 millones en la etapa de construcción, la cual es intensiva en mano de obra. De este modo, la paralización del proyecto no permite la generación de nuevos empleos ni el encadenamiento con otros sectores productivos y proveedores locales. También se pierden enormes recursos fiscales para el gobierno central y para los gobiernos subnacionales de Arequipa.

Además, la cancelación de un megaproyecto que ya se encuentra en la fase de ingeniería de detalle -casi listo para iniciar a construirse- envía la señal de que las presiones políticas imponen condiciones a la inversión e impiden la realización de proyectos que cuentan con todos los requisitos legales y ambientales aprobados. Esto es malo para la confianza empresarial y limitaría el desarrollo de nuevos proyectos.

Finalmente ¿Cómo potenciar la agroindustria y los servicios diversos?

En primer lugar, resulta fundamental acelerar la puesta en marcha del megaproyecto de irrigación Majes-Siguas II, ejecutado mediante la modalidad de APP, que se encuentra paralizado hace más de cuatro años. Para el reinicio del proyecto, se requiere la firma de la Adenda N° 13, que, luego de recibir la opinión favorable de ProInversión y el MEF, se encuentra pendiente de ser evaluada por la Contraloría General de la República. Tras ello, el Concejo Regional de Arequipa deberá aprobar y autorizar al Gobernador Regional a firmar la adenda.

Este proyecto tiene el potencial de ampliar la frontera agrícola de la región en más de 38,000 hectáreas, lo cual representa más de la mitad del área cultivada por las empresas pertenecientes a la Asociación de Gremios Productores del Perú. Asimismo, la puesta en marcha generaría alrededor de 145,000 puestos de trabajo, lo que conllevaría a que el número de trabajadores formales en el agro y agroindustria se incremente en 50%.

Por otro lado, para potenciar la agroindustria requiere incrementar la productividad de los trabajadores agrarios y, conforme eso suceda, la eventual migración de algunos trabajadores hacia otras actividades más productivas. Para ello, se requiere de una estrategia integral, que incluya el desarrollo de semillas mejoradas, carreteras adecuadas para transportar los cultivos a precios adecuados, así como la adopción de tecnologías que permitan estandarizar productos y expandir mercados.