La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) expresó su enérgico rechazo a las modificaciones que el Ejecutivo pretende introducir en la nueva Ley de Contrataciones del Estado referidas a la compra y adquisición de tecnologías sanitarias y medicamentos.
José Enrique Silva, presidente del gremio de laboratorios, explicó que mediante la tercera disposición complementaria del Proyecto de Ley N° 5472/2022, enviado al Congreso, se busca restringir y limitar el acceso a la información pública. Afirmó que con ello se pasa por alto uno de los principios fundamentales que rigen para las entidades públicas.
“La Constitución de nuestro país garantiza y establece, claramente, el derecho de acceso a la información, y permite que los ciudadanos soliciten información a cualquier entidad pública sin necesidad de expresar una causa, excepto en casos que afecten la intimidad personal o por razones de seguridad nacional”, indicó.
Silva sostuvo que la preocupación de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales se centra en la falta de justificación para la clasificación de la información vinculada a las ofertas y a la adquisición de tecnologías sanitarias y de medicamentos como confidencial.
“Ni la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806) ni su Texto Único Ordenado (TUO), ni la Ley N° 27927 y sus modificatorias, han clasificado como secretos o reservados los contratos de riesgo compartido para la adquisición de tecnologías sanitarias destinadas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, y de enfermedades de alto costo, como lo pretende establecer este proyecto”, añadió.
El presidente de Adifan indicó que las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera “restrictiva” debido a que representan una limitación a un derecho fundamental.
“Ocultar los precios y las formas de contratación va en contra del espíritu de transparencia y del derecho de los ciudadanos a estar informados sobre asuntos de interés público, como las compras de medicamentos. Los precios y plazos en los que se cierran los contratos son información pública y de ninguna manera deben ser reservados o confidenciales”, alertó.
El gremio industrial alertó que la nueva Ley de Contrataciones del Estado atenta contra el derecho de sus ciudadanos a acceder a la información pública de entidades gubernamentales, por lo que solicitó al Congreso que promueva las modificaciones necesarias que garanticen dicho acceso, además de reforzar la transparencia en el manejo de los recursos estatales.
“Mantener este tipo de modificaciones equivale a proteger los precios caros de algunos medicamentos y dispositivos. Esta medida podría abrir la puerta a posibles abusos y opacidades que atentan contra el interés general y ponen en peligro la integridad de los recursos públicos”, finalizó Silva.