Hasta antes de 2020, cientos de embarcaciones industriales extranjeras con bandera china y de otras naciones asiáticas, dedicadas a la pesca del calamar gigante, muchas de ellas con indicios de estar involucradas en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), ingresaban anualmente a Perú para requerir servicios portuarios.
En el marco de las medidas para prevenir la pesca INDNR en el Perú, en agosto de 2020, el gobierno peruano promulgó el Decreto Supremo N° 016-2020-PRODUCE, que obliga a estas flotas a contar con el sistema de seguimiento satelital de embarcaciones del país (SISESAT) si es que desean usar los servicios portuarios y de astilleros nacionales.
Calamasur, (Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur), grupo integrado por actores productivos de la pesca artesanal y el procesamiento industrial del calamar gigante de Chile, Ecuador, México y Perú, organizó el evento “¿El mar peruano está más protegido ahora del riesgo de pesca INDNR?: Balance a tres años de la publicación del Decreto Supremo N° 016-2020-PRODUCE”.
Este evento reunió a una destacada coalición de expertos y líderes en el campo de la pesca para analizar el impacto que ha tenido esta norma a tres años de su publicación. Alfonso Miranda, presidente de Calamasur, destacó que el decreto supremo ha marcado un antes y un después en la lucha contra la pesca ilícita en el Perú.
“Antes de esta normativa se daba facilidades logísticas para el uso de nuestros puertos a una flota que había sido captada en diversas ocasiones apagando sus equipos satelitales para ingresar a pescar de manera ilegal a aguas peruanas y ecuatorianas. Hoy en día no pueden ingresar a usar los servicios portuarios aquellas embarcaciones que decidieron no implementar el sistema de seguimiento satelital”, sentenció durante su participación en el evento.
Asimismo, Miranda resaltó que, aunque solo una fracción pequeña de los cientos de embarcaciones extranjeras calamareras instalaron el satelital, esto es positivo porque ha quedado en evidencia que la mayor parte de estos buques han preferido verse impedidas de acceder a las facilidades logísticas que les daba el Perú.
También mencionó que la negativa a instalar el sistema de seguimiento satelital del Perú no se debe a limitaciones financieras, sino más bien apuntaría a eludir controles y dificultar la transparencia sobre su actividad. Añadió que estas embarcaciones han preferido regresar anualmente a sus puertos de origen, a miles de millas náuticas del Pacífico Sur y evidentemente, el costo de ello, tanto en tiempo y en dinero, es exponencialmente superior al de instalar un equipo satelital en Perú.
“Se estima que cada barco que va a puerto chino desde el Pacífico sur, debe perder más de 90 días de pesca en la travesía de ida y vuelta y gastar más de un millón y medio de dólares. Prefieren desembolsar esa suma que pagar 200 dólares mensuales en el control satelital que corresponde, por ello queda claro lo mucho que pretenden esconder.”, concluyó.
Cifras
Por su parte, la periodista uruguaya Sabina Goldaracena reveló que, a pesar de que ha disminuido considerablemente el ingreso de estos barcos al Perú debido a sus negativas de instalar los dispositivos de seguimiento satelital, estos han empezado a encontrar formas de hacerlo.
“Desde la promulgación de la norma, se han registrado 129 arribos a puerto y solo 12 fueron por parte de embarcaciones que contaron con el dispositivo satelital. Los 117 restantes se dividen en 35 que ingresaron debido a motivos de fuerza mayor (es decir, arribos forzosos debido a emergencias que podrían poner en riesgo la salud o seguridad de la tripulación) y, el resto, ingresó con otros argumentos propiamente relacionados a labores logísticas de avituallamiento o mantenimiento”.
Asimismo, Goldaracena llamó la atención sobre el hecho de que solo en los últimos meses se han registrado 71 arribos y destacó que, si esta tendencia continúa, para finales de este año el número de arribos podría ser igual que antes del 2020. Es decir, precisó que estas embarcaciones, han empezado a utilizar otra serie de ventajas logísticas que da el Perú a pesar de no haber instalado los equipos satelitales para garantizar el control en el mar peruano.
En su turno, el abogado Piero Rojas, profesor de derecho administrativo de la Universidad Científica del Sur, señaló que hay inconsistencias en las actas de las inspecciones en puerto que realiza el Ministerio de la Producción a estas embarcaciones. Al respecto, manifestó que el régimen jurídico vigente de la actividad de fiscalización dispone de manera clara que las actas deben ser completadas en todos sus campos a fin de tener evidencia de los hechos reales que motivaron al arribo de embarcaciones extranjeras al Perú.
“Esto permitiría la adopción de medidas correctivas o, de ser el caso, la imposición de sanciones. Sin embargo, a la fecha, se ha evidenciado que las autoridades del sector pesca no están llevando a cabo una adecuada fiscalización dado que muchas de las actas no exponen los motivos o circunstancias que motivaron los arribos. Esto genera no solo una omisión al cumplimiento de un mandato legal, sino también que el Estado no pueda tomar decisiones acertadas en pro de combatir la pesca INDNR”, sostuvo.
En tanto, Magali Estrada, periodista de Ojo Público, presentó un reporte en el que se narran gestiones que han estado realizando las partes interesadas por debilitar el alcance del Decreto Supremo. Narró que Ojo Público accedió a nueve documentos oficiales, desde que se emitió la norma hasta este año, en el dan cuenta de las presiones existentes para flexibilizar la norma.
En mayo pasado, el comentarista político Rafael Rey, denunció que el embajador de la República Popular China y los principales diplomáticos de ese país en el Perú, habían acudido al Ministerio de la Producción (Produce), pugnando por una flexibilización de los controles establecidos por el Perú y presionando por una inmediata atención a sus demandas. Produce nunca aclaró qué temas se trataron en dicha cita, pero, coincidentemente, a partir de esa fecha se ha producido un ingreso masivo de naves chinas sin cumplir con los controles que estipula la legislación peruana.
Al cierre del evento, Alfonso Miranda reflexionó sobre la importancia que ha tenido esta norma para aumentar la vigilancia del mar peruano y disminuir las facilidades logísticas que el Estado peruano le daba a flotas que habrían sido descubiertas en más de una ocasión pescando dentro de aguas peruanas. No obstante, expresó su preocupación que actualmente, hay grandes presiones para regresar las cosas al estado previo a esta norma.
“Claramente están buscando que Perú retroceda en sus logros en el control y vigilancia de su mar y que, recientemente, han dado un paso más ante la pasividad de las autoridades a cargo de este tema. Es inaceptable que los ingresos a puertos peruanos regresen a niveles previos a los de la norma y que no se tomen acciones. El Estado peruano no puede fingir que no se da cuenta que estas naves se burlan del país y afectan nuestra principal pesquería para consumo humano.”, finalizó.