Mediante carta dirigida por la Decana Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, María del Carmen Ponce Mejía, a la congresista Diana Carolina Gonzales Delgado, presidenta de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales, el Colegio de Ingenieros del Perú, emitió su Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley N° 04642/ 2022-PE, que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura.
En dicho pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley Nº 04642/2022-PE que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Consejo Nacional del gremio profesional de ingenieros del país, señala que el CIP es una institución con personalidad de derecho público, que dentro de sus competencias está comprometido con el desarrollo del país, específicamente en el ámbito de la ingeniería peruana dentro del marco de las políticas del Estado peruano plasmadas en la Constitución Política del Perú, donde se le reconoce al Colegio de Ingenieros del Perú el derecho a iniciativa en la formación de leyes.
En este sentido, agrega el Pronunciamiento, que el CIP tiene la obligación de interponer opinión contraria a leyes que por la especialización técnica del Colegio de Ingenieros adviertan deficiencias graves.
En el Pronunciamiento detalla que dicho Proyecto de Ley es centralista y contrario a las Políticas de Estado y Carta Magna, porque en lugar de fortalecer a los gobiernos regionales según las políticas obligatorias en el proceso de descentralización del país, se les retira los recursos y pasan a ser administrados por el Gobierno Central a través de PMOs extranjeras que no conocen la realidad del país, de ésta forma se concentra el poder en el ejecutivo con decisiones obviamente más políticas que técnicas, como ya ha quedado demostrado por la ARCC que realizaron Convenios de Gobierno a Gobierno (G2G), modalidad que no resolvió la problemática de las obras en 13 regiones donde se aplicó.
Añade que basta recordar que la descentralización es una política fundamental, precisamente porque permite reducir las distancias entre gobernantes y gobernados, entre funcionarios públicos y usuarios y de esa manera favorece la participación social, la rendición de cuentas y la transparencia, principal herramienta contra la corrupción.
Agrega además que dicho Proyecto incrementaría el costo de las obras públicas, atentando contra la Caja Fiscal del país, y tienen conocimiento que los proyectos ejecutados bajo la modalidad de los G2G, llegan a costar más del doble de lo estimado, como el caso del Hospital Antonio Lorena de Cusco, cuyo nuevo presupuesto es más del triple de lo presupuestado inicialmente, y el caso de los Juegos Panamericanos que incluso hubo reducción de metas, pero costo más de lo previsto inicialmente, porque en este tipo de convenios no hay topes para los adicionales o “ajustes”, sumado a ello se tiene un costo adicional por la administración de las PMO del orden de 8 a 10% del monto de la inversión, todo este engrosamiento de costos aumenta el riesgo de tener obras paralizadas por años o como vemos inconclusas por falta de liquidez.
Respecto a la modalidad de contratación:
Este proyecto de Ley, detalla el CIP no tiene la debida motivación como la única alternativa para el cierre de brechas y cumplir con el programa de inversiones de obras de mayores montos.
Precisan además que el modelo que pretende emplear la ANIN, es el mismo que empleó la ARCC, los conocidos G2G, lo cual ha resultado un fracaso, pues se ha encontrado 163 obras paralizadas administradas por esta entidad según el reporte de obras paralizadas en el Territorio Nacional al 31/12/2022 de la Contraloría, por lo tanto, los Contratos derivados de los Convenios Gobierno a Gobierno tienen serios cuestionamientos desde su inicio y/o en su ejecución, como estar atrasados y/o paralizados, casos de la Carretera Central, del aeropuerto de Chincheros, del Hospital Lorena del Cusco, entre otros.
El proyecto de Ley, resalta el Pronunciamiento del Colegio de Ingenieros del Perú, no promueve una reactivación económica que tanto necesita el país, por el contrario, promueve una gran desigualdad en el trato entre los ingenieros peruanos y extranjeros, en relación a las responsabilidades y salarios; mientras que las PMOs, extranjeras cobran más del 8% del presupuesto solo por administrar los contratos sin ninguna responsabilidad ante la Contraloría, las empresas e ingenieros peruanos son sub contratados y cobran menos del 1%, por ejecutar los estudios, y en el caso de sub contratistas de obras, las empresas extranjeras mayormente tercerizan y trasladarían el riesgo de inversión a las empresas nacionales, que cuentan con ingenieros calificados, pero que muchos han quedado impagos cuando las empresas extranjeras se van del país, dejando deudas, más aun en el caso de las obras paralizadas e inconclusas, esta situación promueve la discriminación a los Ingenieros nacionales, con lo que se consumaría un atentado contra la Ingeniería Nacional, más aún al dar la experiencia en documentos a los extranjeros, siendo los peruanos los ejecutores reales.
Así también señala que las Contratos G2G son gerenciados por PMO extranjeras, que no conocen la realidad de nuestro país, en cuanto a nuestras condiciones geográficas adversas muy distintas a otros países como Francia, o Inglaterra, donde sus ríos no tienen la capacidad erosiva que los ríos peruanos, porque aquí las diferencias de niveles entre las nacientes y desembocaduras de los ríos es de miles de metros; y en el caso de Europa es de solo de decenas de metros, realidades muy distintas, sus carreteras u otra infraestructura no son construidas a miles de metros sobre el nivel de mar; para entender mejor esto vamos a citar lo dicho por la misma empresa francesa PMO Vías, respecto al trazo de la carretera Central, “es un desafío sin precedentes”, es tal el desconocimiento que el trazo aun no puede ser aprobado por sus inconsistencias y existe reclamos de muchos actores que vemos con frecuencia en los medios de comunicación.
Esta realidad, de bajo conocimiento de las técnicas que son necesarias en nuestro país ha sido desnudada en los primeros meses del año, donde los miles de millones gastados por la ARCC, no han servido de mucho para mitigar los efectos de las lluvias, inundaciones y huaycos, con la consecuencia de la perdida de millones de soles y cientos de damnificados; esto no puede volver a repetirse.
Respecto a la absorción del ARCC
El Pronunciamiento del CIP dirigido a la presidenta de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales del Congreso de la República, destaca que la creación de esta nueva entidad ANIN, implica aumentar la burocracia estatal, sin eficiencia del gasto, sin planificación, la absorción de la ARCC, tras seis años de creación, las contrataciones de mayor número de empleados del gobierno de turno, la creación de nuevas unidades, gerenciales, directivas, etc.
Actualmente, agrega el documento, se tienen estudios, obras y supervisiones en ejecución, bajo la Ley y Reglamento de RCC, y un cambio estructural como su absorción por la ANIN propuesta, lo retrasaría más, aumentando los riesgos de mayor perjuicio económico, más aún cuando en el norte del país, nos encontramos atravesando una emergencia sanitaria de la epidemia Dengue, que requiere respuesta rápida y efectiva, en infraestructura como hospitales postas médicas, carreteras, caminos vecinales, puentes, etc., en un contexto que se complica más ante el anuncio de otro fenómeno climático a fines de este año.
Respecto a las funciones propuestas de la ANIN
Asimismo, agregan que las funciones propuestas para la Autoridad Nacional de Infraestructura, en el proyecto de ley propuesto, establece competencias que ya corresponden a las carteras ministeriales existentes, generando duplicidad de intervención y función; puede ser viable un órgano de este tipo, siempre que sus competencias y alcances sean supra ministeriales, que permitan ejecutar proyectos que por su magnitud superen las competencias de los ministerios existentes, proyectos que por su naturaleza sean de carácter estratégico para el desarrollo del país generando condiciones de competitividad del Perú a nivel de nuestras políticas internas e internacionales; de no ser así, este nuevo órgano será un nuevo ente más burocrático.
Conclusiones
En líneas generales el Colegio de Ingenieros del Perú, concluye que la creación de esta nueva entidad ANIN, que sigue el modelo de contratos G2G sería repetir en mayúsculo el fracaso de la ARCC; también este modelo favorece más a gobiernos y empresas extranjeras las cuales mayormente tercerizan trasladando el riesgo de inversión a las empresas nacionales en condiciones perjudiciales.
Una segunda conclusión enfatiza que los contratos mediante acuerdos de G2G, desplazan a la empresa nacional y a nuestros ingenieros nacionales, atentando contra el crecimiento de la economía de nuestro país y desigualdad laboral.
Una tercera conclusión del CIP, es que se debe desistir de pretender generalizar los contratos del estado mediante Convenios de Gobierno a Gobierno (G2G), porque son solo para casos excepcionales pues estos contratos no permiten el control y carecen de transparencia.
Una cuarta conclusión detalla que se debe desistir de empaquetar proyectos pequeños para tratarlos como mega proyectos complejos, como colegios, puentes, canales, etc, como ha sido la tendencia en ARCC, lo cual es un error técnico gravísimo.
Y una quinta conclusión resalta que una nueva plataforma burocrática para gestionar y ejecutar proyectos que por su alcance se encuentra dentro de las competencias ministeriales, debe partir de la necesidad de disponer de competencias supra ministeriales, para ejecutar proyectos que por su naturaleza y magnitud sean transversales a las competencias sectoriales; como es el ferrocarril del Pacífico, transvases interandinos multipropósito, entre otros; que permitan el desarrollo del país con la participación de entes representativos de la sociedad civil como son los colegios profesionales.
Propuesta
Como parte del Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley N° 04642/ 2022-PE, que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Colegio de Ingenieros del Perú, señala que el gremio profesional de ingenieros del Perú, cuenta con los mejores profesionales del país, para brindar asesoría y formar una mesa de trabajo donde participen los actores involucrados en la infraestructura del país, como el Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados, Colegio de Arquitectos, Colegio de Economistas, representantes de entidades públicas y privadas más representativas, que conjuntamente con el órgano de línea del MEF, se plantee una nueva Ley de Contrataciones del Estado, que permita la ejecución de la obras de forma oportuna, eficiente y económica y ambientalmente sostenibles, acorde al proyecto BIM PERU, introduciendo los contratos Colaborativos Tipos NEC, etc.
Así también, propone promover el desarrollo de la infraestructura en el País, en base una planificación estratégica articulada y no ejecutar obras aisladamente que pese a los altos costos no generen casi ningún impacto socio económico, caso la carretera transoceánica.
De la misma manera plantean formar una mesa de trabajo con las autoridades, dirigentes, Colegio de ingenieros de las zonas vulnerables al FEN, a fin de priorizar los proyectos en esta zona con mayores riesgos, en relación con drenajes pluviales, limpieza de cuencas, de cauces, de descolmataciones, enrocados, defensas ribereñas, de reubicación de centros poblados, etc.
En el documento dirigido a la congresista Diana Carolina Gonzales Delgado, presidenta de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales del Congreso de la República, recomiendan fortalecer los organismos del Estado en todos los niveles, principalmente por ingenieros locales contratados por concurso de méritos, lo que coadyuvara a fortalecer la descentralización en el país, siendo una política obligatoria del Estado peruano.