El pasado viernes, 21 de abril, el Poder Judicial realizó una audiencia en el marco del proceso penal que se le sigue a un pescador artesanal de la Cooperativa San José por haber extraído calamar gigante en una embarcación en proceso de formalización.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima está pidiendo prisión suspendida y el pago de una reparación civil de 140 mil soles a un pescador cuyo sueldo mensual es de 1,400 soles. Es decir, un pescador con tres hijos a quienes mantener, tendría que trabajar 10 años solo para pagar esta reparación civil.
Para desgracia para esta familia, el hermano de este pescador, quien también se dedica a esta actividad, acaba de ser citado por el Poder Judicial por el mismo hecho. Para él, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima está pidiendo una condena con prisión suspendida y el pago de una reparación civil de 102 mil soles.
Lo que preocupa a especialistas es el desconocimiento que tiene el Ministerio Público sobre los alcances de la Ley 31673, que dispuso la modificación del artículo 208-B del Código Penal. Esta prohíbe, a las autoridades judiciales, investigar y sancionar a armadores y pescadores artesanales que estén en proceso de formalización.
Además, preocupa que se pretenda sancionar penalmente a tripulantes cuando ellos no son los responsables de tramitar el permiso de pesca del barco. Esta es responsabilidad exclusiva del propietario de la embarcación, no de sus tripulantes.
El proceso de formalización regulado por el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE busca formalizar a 930 embarcaciones de las cooperativas pesqueras del norte de Perú, brindándoles las facilidades para obtener los tres títulos habilitantes que les permitan extraer recursos hidrobiológicos de manera formal, o sea, el certificado de matrícula, el protocolo de habilitación sanitaria y el permiso de pesca.
Actualmente se registra que 63% de las embarcaciones en formalización obtuvieron su certificado de matrícula, 45% obtuvieron su protocolo sanitario y que ninguna obtuvo el permiso de pesca. Es decir, ningún barco ha sido plenamente formalizado porque el Ministerio de la Producción no ha publicado la normativa que establece el procedimiento final para ello.
Al igual que como con estos dos pescvadores, que viven en un mismo hogar y a quienes el Poder Judicial podría condenar al pago de más de 240 mil soles, existen muchos casos más en el que los armadores tienen que sentarse en el banquillo de los acusados como si se tratasen de delincuentes.
Si el Ministerio de la Producción hubiera emitido la norma que desarrolla la emisión de permisos definitivos, hoy estos pescadores no estuviesen siendo procesados ni viendo frustradas sus vidas por la inacción de su sector, ese que debería estar llamado a protegerlos. A partir del 31 de julio del 2023, cuando concluyan los plazos legales para la formalización, 900 armadores y 8 mil tripulantes pesqueros podrían pasar por la peor tragedia de sus vidas al verse obligados a pasar a la ilegalidad.
Esto implicaría asumir el pago de millonarias sumas de dinero en reparaciones civiles y a que sus casas o barcos sean embargados. Esto sin contar con el costo moral de pasar a ser considerados como pescadores que practican pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ante la sociedad, el sector pesquero y los mercados internacionales.
Al ser consultado por las gestiones que han realizado desde la Cooperativa Pesquera San José para evitar este desenlace, Mario Fiestas, su gerente general respondió con indignación. “Los dos hermanos que están siendo procesados injustamente y de manera abusiva por el Poder Judicial, han sido de los primeros en haber iniciado sus procesos de formalización en el 2018. Son muy correctos y hacen todo en regla. A la fecha, los dos barcos ya tienen certificado de matrícula y protocolo sanitario; pero, igual que cientos de nosotros, no pueden obtener su permiso de pesca debido a que el Ministerio de la Producción se está demorando en emitir la normativa correspondiente”.
Además, añadió que, justamente por ser conscientes de que estos barcos necesitaban permiso de pesca, su armador presentó por iniciativa propia una solicitud formal ante el Ministerio de la Producción exigiendo que se le otorgue sus permisos de pesca.
“Lamentablemente tienen varios meses esperando y, a la fecha, el Ministerio de la Producción no resuelve su pedido. Si esas solicitudes hubieran sido resueltas, mis hermanos pescadores no estuviesen hoy en día pasando por esta pesadilla”, sentenció.