Por German Loyaga Aliaga
Periodista especializado en economía y negocios
La pretensión del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) de otorgar títulos de propiedad a personas que se encuentran en zonas de riesgo viene generando serias controversias en especialistas que se vienen pronunciando contra este proyecto que pretende ser aprobado, y que lo único que ha generado es que detrás de todo esto existiría un interés político con un enorme grado de demagogia.
De acuerdo al proyecto de Decreto Supremo que buscaría aprobar esta medida, lo que se buscaría es impulsar titular los lotes que presenten un nivel de riesgo mitigable, sin que previamente se haya exigido implementar las recomendaciones de los informes de análisis de riesgo a fin de seguir postergando la titulación de estos terrenos.
Lo más costeante es que cuando loa autoridad emita los informes donde se han identificado riesgos mitigables, solo bastará poner en conocimiento de los ocupantes de dicha zona, que existe un riesgo mitigable y que el propietario asuma el riesgo mediante un acta de compromiso.
Consultados diversos especialistas sobre el tema, todos en general han coincidido en señalar que parte de esto implica transferir a la persona que recibe el terreno, la obligación de mitigar el riesgo. Desde el punto de vista técnico, esos riesgos de fenómenos naturales extremos no son mitigables, quizás pudieran ser mitigables en proyectos muy costosos con muros de sostenimiento, pero esos costos están fuera del alcance de cualquier poblador.
Falsa sensación seguridad
Lo que se denota, tal como lo mencionaron, es una falsa sensación de seguridad que en el fondo tampoco les va a servir, porque esa propiedad no la van va a poder vender a nadie en una zona vulnerable, además nadie les va a comprar en una zona vulnerable, no van a poder hipotecar, tampoco solicitar préstamos con relación a esa propiedad, no van a poder asegurar dichos terrenos, y lo que es más básico se está poniendo en riesgo la vida de cada titulado.
Sin lugar a dudas, ha sido muy importante la reacción que han tenido el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, CISMID y todas las instituciones del Estado que propiamente evalúan los riesgos, de hecho y con toda seguridad que el CENEPRED, INDECI y el propio Instituto Geofísico del Perú se deben haber escandalizados con una propuesta como esta.
Analizando un poco más el tema, esta propuesta, puede ser considerada incluso anticonstitucional, en razón que el Capítulo I, Derechos Fundamentales de la Persona en su Artículo 1 de la Defensa de la persona humana, de la Constitución Política del Perú, señala que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
A juicio de los especialistas consultados, la tarea es del gobierno central, y más propiamente dicha de los gobiernos locales, no solo la sectorización de las zonas vulnerables, que de por sí ya están definidas para huaicos, terremotos, etc., y en lugar de dar títulos de propiedad en estas zonas, más bien se deben desarrollar programas de vivienda que ya existen para el segmento E, en zonas que no tienen ningún peligro y propiciar sobre todo el traslado a zonas fuera de riesgo; y de esa manera mitigarlo saliendo de estas zonas de peligro para ir a zonas mucho más seguras.
Impactos
Asimismo, los expertos mencionaron que el impacto que va a tener trasladar una responsabilidad a los propietarios que viven en esas zonas, es totalmente una utopía, pues será materialmente imposible que los propietarios puedan atender esos costos de mitigación. Son costos impensables y muy grandes, para que puedan atender dichas mitigaciones en quebradas, muros de contención.
Lo peor de todo será que cuando ocurra un desastre, el Estado que hubiera dado títulos de propiedad en estas zonas de alto riesgo, estará generando una mortandad desde ese punto vista, y no hay forma en la cual el Estado no tenga que enfrentar problemas de mayores proporciones.
Solo basta con imaginar si se vendría un fenómeno natural. Solo en Lima hay en promedio de 7 millones de personas en zonas de riesgo, y en zonas de muy alto riesgo en laderas hay un promedio de 3 millones. Si imaginariamente fallecieran un promedio 10%, serían 300,000 personas. Si es así, como el Estado va a poder defenderse, si solo va a decir que se dio el título, pero ya no es responsabilidad del Estado, lo cual no es así.
En este caso, habrá miles de abogados que van a decir, el Estado les dio el título de propiedad y por tanto es responsable; sin embargo, la otra parte del Estado dirá, el Decreto Supremo dice que no es responsable, con lo cual se generará todo un conflicto que se tiene que resolver de alguna u otra manera con las afectaciones que eso significa.