Uno de los grandes y mayores problemas que ha enfrentado y sigue enfrentando el Perú es la contratación del Estado, y con ello la Ley General de Contratación del Estado, sobre todo en lo que respecta a la obra pública e infraestructura que tanto necesita el país.
Lo lamentable es que todo indica que este problema, que está en manos del Estado, y desde hace muchas décadas, no se puede o mejor dicho no se quiere resolver, a tal extremo que ahora se tiene que recurrir a países extranjeros (Gran Bretaña, Francia e Irlanda del Norte) para que mediante Contrato de Gobierno a Gobierno o Contratos Colaborativos nos desarrollen las obras, como si no tuviéramos en el Perú, destacados y prominentes ingenieros que pueden realizar dichos trabajos.
Es indudable que el uso de los Project Management Office (PMO)facilitan la tarea, pero no hay necesidad de contratar con otros países para que nos desarrollen las obras, y menos aún cuando son países que no tienen las características de un país como el Perú y que peor aún no pertenecen al Círculo de Fuego, que de por sí nos da una particularidad especial.
Cada año la brecha de infraestructura sube y ahora que se ha calculado que esta brecha está en el orden de los 363.452 millones de soles, es increíble que no podamos desarrollar nuestras propias obras por la falta de celeridad, falta de simplificación normativa y una gran cantidad de trabas burocráticas que existen.
Con el fin de ampliar el tema, en Brújula Económica decidimos entrevistar al presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, Miguel Honores Medina, quien nos atendió muy amablemente; así como el abogado Abogado-arbitro, especialista en Contratación Pública del Estudio MPA Abogados Consultores, Marco Paz Ancajima.
Restricciones financieras
Al conversar con el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, señaló que la Ley de Contrataciones requiere un cambio total, a la actual se la venido haciendo muchas modificaciones que no dejan claro muchos aspectos. En el estado actual en que se encuentra, no favorece proceso agiles, transparentes.
“Ya se han hecho muchas modificaciones y no se han conseguido los resultados esperados, al contrario, se ha generado una suerte de problema para los procesos de contratación. Si la ley no funciona, el organismo regulador no puede cumplir su trabajo, ellos hacen lo que la ley manda”, preciso Miguel Honores.
Al preguntarle sobre el desfavorecimiento que vienen sufriendo las diversas empresas nacionales en las licitaciones que obra que se presentan, detalló que existen restricciones financieras para empresas peruanas, como aquellas que evitan considerar las facilidades que brinda Cofide para apalancar adelantos de obra, a través de los fideicomisos, como no está del todo claro y a pesar de que esta normado, muchas entidades no lo aplican.
10% beneficio a empresas peruanas
Durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo se emitió una normativa que daba un 10% de beneficio a las empresas peruanas que se presentaban a una licitación, sobre todo cuando había como postores empresas extranjeras, a lo que el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, precisó que la normativa se mantiene, pero no ha generado una ventaja comparativa porque el respaldo financiero sigue siendo muy difícil de conseguir. “Nosotros no tenemos un respaldo estatal como ocurre en otros países. Por ejemplo, en una licitación de obra por US$250 millones, una empresa peruana tendrá problemas para conseguir el respaldo financiero de tal magnitud localmente, mientras que una empresa extranjera llega con el respaldo de su gobierno o de entidades financieras de sus países de origen donde tienen mucho respaldo”. destacó.
De otro lado, al preguntarle sobre lo que se viene observando respecto a que las empresas chinas y españolas vienen ganando muchas licitaciones de obra, Miguel Honores, detalló “las empresas peruanas sí se presentan, pero como comentaba, existe normativa que no nos favorece. Si el Estado quiere promover la participación de las empresas peruanas de construcción debe apoyarlas, sin llegar a una protección del mercado, sino generando mecanismos que nos ayuden a ser competitivos, de hecho, hay muchas empresas locales muy buenas. Le pongo un ejemplo, para licitaciones de gran envergadura piden que la empresa tenga años de experiencia en obras de igual o mayor envergadura a la del concurso, pero en el país no se realizan muchas de esas obras. ¿Cómo van a acumular las empresas peruanas esa experiencia si de entrada no pueden competir, por las diferentes barreras que nos imponen?”
PNIC
Sobre el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad que cuenta con 52 proyectos de obras aprobados, precisó que estos están avanzando, pero a un ritmo muy lento. Las autoridades que deben agilizar los procesos de construcción no están cumpliendo con su rol y vienen postergando la toma de decisiones.
“Recordemos que la mayor parte de los proyectos son de infraestructura en Transporte y Comunicaciones (31 proyectos) de ellos, los que tienen mayor monto de inversión y están en ejecución, son el de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambeta, de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, que viene con algunos retrasos; también está el proyecto Proregión que atiende la red vial departamental y es un programa que ha tomado buen ritmo a partir de los últimos dos años, en plena pandemia; y también tenemos la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, que como sabemos tenía una gran traba en permisos y documentación, que recién se destrabó y esperemos que coja ritmo, entiendo que la meta es el 2025 para esta obra”.
“Y si bien la mayor parte de estos proyectos dependen del gobierno central, no olvidemos que estamos en año electoral, entonces a nivel de municipios y gobiernos regionales, vamos a tener una etapa de aprendizaje en las nuevas autoridades, eso también significará una ralentización en el avance de obras. Es importante la profesionalización del aparato estatal en todos sus niveles”, destacó el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima.
Urge agilizar trámites
“Son muchos los proyectos necesarios para cubrir la brecha de infraestructura nacional y se avanza lento. La empresa privada está dispuesta a dar más, pero dependemos en gran medida del aparato estatal. Es muy importante que se agilicen trámites, que no existan trabas burocráticas”.
Finalmente, Miguel Honores Medina, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, invocó al gobierno para que tome en cuenta la importancia de reactivar proyectos emblemáticos, como los del Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad.
De otro lado el abogado-arbitro, especialista en Contratación Pública del Estudio MPA Abogados Consultores, Marco Paz Ancajima, considero que, si se cambia la Ley de Contrataciones del Estado, ésta debe estar orientado a robustecer el principio de predictibilidad, esto con el fin que los procesos de selección sean más ágiles y predictibles y evitar recurrir al OSCE cuestionando las bases.
Cambiar la Ley de Contrataciones del Estado
Detalló que definitivamente se requiere un cambio a la Ley de Contrataciones del Estado. “Este cambio debe ir acompañado de un proceso de capacitación al personal encargado de los procesos. Particularmente considero que una de las debilidades de la norma fue juntar los diferentes procesos de selección (adquisición de bienes, contratación de servicios y de supervisión y ejecución de obras) en una sola norma, sin que se capacite al funcionario público para afrontar este enorme desafío, puesto que el funcionario tiene que desayunar pensando en adquirir bienes, almorzar pensando servicios y cenar pensando en la ejecución de obras y creo que no es lo idóneo. Una muestra es por ejemplo el MTC quien tiene un área especializada en contratación de obras (Provias), un área encargada de los servicios de telecomunicaciones y otro de transporte”, enfatizó Marco Paz.
De otro lado, en cuanto al desfavorecimiento a las empresas nacionales en las diversas licitaciones de obra, el especialista en Contratación Pública del estudio MPA Abogados, precisó que en tanto no se haga una reforma integral, se podrían dar casos de favorecimiento a través de la imposición de criterios o requisitos en los procesos de selección. Agregó que un claro ejemplo es que en ocasiones se imponen en las bases umbrales económicos y financieros altos que no pueden ser cumplidos.
Han neutralizado beneficio de 10%
Asimismo, sobre la normativa que se dio durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, que daba un 10% de beneficio a las empresas peruanas que se presentaban a una licitación, resaltó que la norma sigue vigente y no ha sido utilizado por que a través de diferentes criterios aplicados en las bases se ha “neutralizado” su aplicación.
“En este orden de ideas considero que hay que tener en claro que la contratación pública es una inversión por parte del estado y establecer estos beneficios no es una restricción a la inversión privada ni mucho menos ir en contra del modelo económico previsto en la constitución, puesto que incluso países que tienen un modelo económico similar al nuestro tienen beneficios para sus empresas nacionales, algunas incluso con normas de rango constitucional”, remarcó el abogado Marco Paz.