Frente a los convenios de gobierno a gobierno, los colegios profesionales de Ingenieros, consejo departamental de Lima; Arquitectos, Regional Lima; Economistas, la Asociación Peruana de Consultoría, ligados al Sector Construcción manifestaron su incomodidad debido a la proliferación de los convenios existentes G2G, que coincide con lo manifestado por e ministro de Economía y Finanzas, quien expresó su discrepancia al interior del gabinete de ministros, por cuanto los G2G incrementan los costos de las obras, en la mayoría de los casos a más del doble de sus presupuestos originales, lo que afectaría negativamente el costo eficiencia y el costo beneficio.
Los involucrados refieren que, los resultados que los eximen de mayores comentarios serian el convenio celebrado con el Reino Unido para la denominada reconstrucción con cambios, en vez de concentrarse en los drenajes y las soluciones integrales de defensa de los ríos la que se dispersó en seis años en infraestructuras de salud y de educación que no resistieron los embates del ciclón que no tocó tierra.
El convenio celebrado con Francia para para el Hospital Antonio Lorena, según el Consejo Departamental del Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú el que incrementó su costo de 205 millones a 1200 millones de soles, pese a que las obras estaban avanzadas en sus dos terceras partes., lo que a su vez incrementa hoy por hoy el costo por cama que será ahora de 3 millones 720 mil soles, más del triple del promedio nacional.
Del mismo modo, el convenio celebrado con Corea del Sur para el Aeropuerto Internacional de Chinchero que tiene un muy limitado avance y experimenta varios problemas técnicos por un mal manejo del movimiento de tierras y por no garantizar la seguridad de la pista de aterrizaje el cual incrementó su costo de 427 millones a 660 millones de dólares el que seguiría elevándose en lo sucesivo informan.
El segundo convenio con Francia, para la nueva Carretera Central incrementó su costo de 12 mil millones a 24 mil millones de soles en dos años. Sumado a que las autoridades no han atendido las severas observaciones formuladas por los colegios de los profesionales. Asimismo, en este segundo convenio se incluyó el Viaducto Santa Rosa que en dos años ha pasado de 820 millones a 1700 millones de soles y experimenta un marcado retraso, con observaciones multidisciplinarias relevantes de especialistas del Callao.
Dicho documento indica que, G2G lograría que las obras concluyan dentro de sus plazos, sin mayores sobre costos y sin prácticas fraudulentas y corruptas la que se reveló como falsa indicando que la duración de los proyectos supera todas las previsiones, sus montos se incrementan notablemente, sumado que en sus gestiones están involucradas empresas sancionadas y suspendidas por el Banco Mundial, precisamente por incurrir en actos ilícitos.
El pronunciamiento además hace referencia a que estos convenios impiden la participación directa de los profesionales y de las empresas nacionales en los contratos que de ellos se derivan. Las oficinas extranjeras de asesoría técnica cobran hasta el 8% de las inversiones y no asumen ninguna responsabilidad por las decisiones que adoptan. Sumado a ello, no elaborarían los proyectos, ni supervisarían, ni ejecutan las obras.
Los gremios indican igualmente, que no es suficiente sostener que los G2G estarán en el futuro reservados solo para objetos contractuales de alta complejidad, como lo ha señalado la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, en el comprensible afán de colocar ciertas restricciones a este modelo. En el entendido, que se hará creer que la mayoría de los proyectos son de alta complejidad, como si en Perú con su vasta y compleja geografía, no se hubieran superado ya todos los inconvenientes y cuando no existe nada que sus profesionales en libre competencia no puedan realizar, la misma que debería ser determinada por los colegios profesionales que son instituciones que agrupan a los especialistas en la materia.
Para los especialistas G2G viola abiertamente los derechos que la Constitución Política del Perú consagra, como el de no discriminar a los nacionales en su propio territorio, el de respetar la igualdad de oportunidades y la iniciativa privada de los peruanos, la libertad de trabajo y la libertad de empresa , loa libre competencia, la libertad de contratar, la obligación de sujetar a las mismas condiciones el tratamiento a la inversión nacional y extranjera, y la exigencia de que toda contratación, con utilización de fondos o recursos del Estado, se ejecute por licitación pública.
Finalmente, los Colegios Profesionales de Ingeniería, Consejo Departamental de Lima, Colegio de Arquitectos, Colegio de Economistas, entre otras instituciones debido a lo expuesto solicitan al Gobierno del Perú, según lo suscrito se sirva proponer la derogatoria de toda norma que promueva este modelo de contratación, que alerta contra las buenas prácticas, las que vienen reportando pésimos resultados de rentabilidad social la que no existe en ningún otro país del mundo. Exigiendo severamente no sé celebren nuevos convenios de este tipo.