El presidente de la Cámara Peruana del Atún (CPA), Alfonso Miranda Eyzaguirre advirtió que en caso la Comisión de Economía del Congreso de La República apruebe el proyecto de gravar los alimentos sólidos procesados con un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) con tasas entre 1% y 150%, sería el fin de la industria conservera de nuestro país.
“En caso de aprobarse, dejaría sin trabajo a unos 60 mil trabajadores que en su gran mayoría son mujeres”, manifestó el empresario atunero. “El ISC es una carga que se pone a los bienes de lujo o suntuarios y no a productos de primera necesidad, como las conservas de pescado”, agregó.
Dijo que esta medida agudizaría los conflictos sociales, teniendo en cuenta que la pobreza en el Perú ha crecido más del diez por ciento y unos 3 millones de peruanos perdieron sus empleos debido a la pandemia del COVID-19. Miranda Eyzaguirre informó también que los costos del sector se han visto afectados por el alza internacional de los insumos y el mayor costo del dólar.
En ese sentido, el titular de la CPA exigió al Estado resolver los conflictos sociales y “no echarle más gasolina a la hoguera de la conflictividad social del país, disminuir la pobreza y promover la creación de fuentes de trabajo”.
Cabe indicar que el referido impuesto generaría un importante aumento en los precios de los productos de la canasta familiar como el arroz, fideos, cereales, pan, galletas, mantecas, quesos, embutidos, productos cárnicos, conservas de pescado, entre otros. Miranda Eyzaguirre invocó a la Comisión de Economía del Congreso de La República dejar sin efecto el mencionado proyecto que atenta contra los más pobres y la reactivación de nuestra economía.